MIGRACIÓN EN TIEMPOS DE COVID19
La humanidad está siendo testigo de una crisis migratoria sin precedentes a nivel mundial, la cual se ha visto agravada por la pandemia de COVID19. Uno de los grupos que corren mayor riesgo de contagio son los migrantes y refugiados, quienes se ven obligados a dejar su lugar de origen, a pesar de la emergencia sanitaria. Las condiciones que rodean el proceso de migración, como las barreras a los servicios de salud y las malas condiciones trabajo, representan altos riesgos para la salud de las personas que migran.
A las condiciones sanitarias que viven, se suman las restricciones de movilidad como el cierre de fronteras y la disminución de las opciones para trasladarse dado el temor de contagio del COVID19. Aun así, las restricciones de viaje y circulación impuestas por la pandemia no detienen la movilidad de las personas que huyen de los conflictos, la violencia o abusos a los derechos humanos. Como consecuencia, los migrantes y refugiados tienden a quedar en las calles o en albergues temporales con poco espacio y limitado acceso a servicios de salud. Mientras se soluciona su situación, viven en condiciones en las que el virus podría expandirse fácilmente.
Dada la situación, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) determinó consideraciones legales sobre el acceso al territorio para las personas que buscan protección internacional en el contexto de las medidas tomadas por los Estados para restringir la entrada de extranjeros para la protección de la salud pública en respuesta de la pandemia por el COVID19. Si bien los Estados pueden implementar medidas para determinar y gestionar los riesgos para la salud pública, como incluir un examen de salud o imponer la cuarentena, tales medidas no pueden resultar en negar a los refugiados o solicitantes de asilo la oportunidad efectiva de solicitar asilo o resultar en devolución. Asimismo, imponer una medida general para impedir la admisión de refugiados o solicitantes de asilos, o de aquellos de una nacionalidad en particular, sin evidencia de un riesgo para la salud y sin medidas para proteger contra la devolución, es discriminatorio y no cumple con los estándares internacionales.
Sin importar el estatus migratorio, todas las personas deben tener acceso a servicios de salud, alimentación e información en un idioma de su compresión. En este sentido, es importante incluir el uso de un lenguaje adecuado al difundir las recomendaciones apropiadas con el fin de que puedan acceder a los servicios de salud sin temor a arresto, rechazo o deportación. De lo contrario, debido al miedo de exclusión y discriminación, los migrantes y refugiados pueden esconder sus síntomas en lugar de buscar tratamiento. Con el fin de proteger no solo los derechos de las personas migrantes, sino también la salud de la sociedad receptora, es imprescindible que predomine la solidaridad entre la comunidad internacional en las medidas contra la propagación del COVID19.
Las organizaciones internacionales, los albergues y los gobiernos deben trabajar en conjunto para mantener a salvo a la población más vulnerable y garantizar las medidas de higiene básicas para evitar la propagación del virus. En particular, los gobiernos deben adoptar un enfoque inclusivo para garantizar que todas las personas migrantes sean considerados en la planificación y respuesta a los planes de salud pública. Proteger a los migrantes y refugiados significa reducir el riesgo de transmisión para toda la población y ayudar a mantener una fuente de trabajo que será fundamental para la mitigación de los efectos económicos provocados por la contingencia.