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LÍBANO, UN PAÍS EN BANCARROTA


Foto: Alessia Ramponi

Líbano, alguna vez conocido como la Suiza de Medio Oriente, atraviesa la peor crisis económica de su historia. Líbano fue escenario de una guerra civil que duró 15 años (1975-1990). Durante los años posteriores a la guerra civil, el Banco Central libanés mantuvo un tipo de cambio fijo con el fin de reactivar la economía, fomentar la confianza de los inversores y frenar la hiperinflación. Sin embargo, es insostenible para un país que importa el 90% de sus insumos y depende de la demanda constante de dólares. Desde la reconstrucción del país, el estado libanés se utilizó como vehículo para el enriquecimiento extensivo de la clase política y la distribución de favores. La élite política, caracterizada por sus altos niveles de corrupción, condujo al país a la banca rota y preparó el camino para el colapso actual.


A pesar de ser un país rodeado de todo tipo de conflictos, solía tener una economía sólida y el país atraía inversión extranjera. Por décadas, el sector bancario libanés ofreció tasas de interés muy atractivas y funcionó como un esquema Ponzi, una estructura financiera fraudulenta donde se pide prestado dinero nuevo para pagar a los acreedores existentes. Funciona hasta que se acaba el dinero fresco y, cuando la fuente comienza a agotarse, el sistema se derrumba. A finales de 2019, el sistema bancario colapsó y la inversión extranjera comenzó a dejar el país. Los banqueros y políticos transfirieron el dinero de la gente a sus propias cuentas en el extranjero y se estima que más de cien mil millones de dólares desaparecieron. El 90% de los accionistas mayoritarios de los bancos del país son familiares de los políticos del país.


Como consecuencia, la libra libanesa ha perdido más del 90% de su valor. Se estima que el 80% de su población vive por debajo del umbral de la pobreza y el aumento de los precios de los alimentos ha alcanzado el 500%. Desde 2019, los bancos libaneses impusieron medidas drásticas como límites informales a la retirada de efectivo en dólares. Por tercer año consecutivo, las personas no pueden acceder a sus ahorros ya que sus cuentas bancarias permanecen congeladas. Los dólares depositados después del 2019 se denominan dólares frescos, los cuales provienen del extranjero y valen una fortuna para las personas que pueden disponer de ellos. Estos dólares frescos han promovido el surgimiento de una nueva clase social de privilegiados en un país donde menos del 13% de los libaneses cobra su sueldo en dólares.


El Banco Central libanés continúa declarando un tipo de cambio oficial ahora de 15,000 libras por dólar, pero existe un mercado negro en donde actualmente un dólar se cambia por alrededor de 80,000 libras libanesas, un máximo histórico. Como consecuencia, Líbano se encuentra en un proceso de dolarización informal de su economía, es decir la transición hacia utilizar el dólar de Estados Unidos como el estándar monetario. La clase media y los adultos mayores, cuyas pensiones se evaporaron, son los más afectados ante la inflación que no para de subir. Además, al ser un país que importa la mayoría de sus bienes, incluidos los alimentos, la disminución drástica del valor de su moneda significa que las importaciones se vuelven inaccesibles.


Por si fuera poco, el país enfrenta una crisis energética en donde los servicios públicos están paralizados y el gobierno solo puede suministrar un par de horas de electricidad al día. Cuando los gobiernos no pueden brindar los servicios que les corresponden, naturalmente surgen actores que aprovechan este vacío y surten la demanda. Este vacío ha sido llenado por una red privada de generadores eléctricos que suministran dos tercios de la electricidad que necesitan los hogares. Esta práctica se ha institucionalizado, pese a ser ilegal, y el nuevo negocio de electricidad privada genera millones de dólares a expensas de la crisis. No obstante, tener un generador es un lujo que solamente algunos pueden pagar.


La crisis es consecuencia de años de corrupción, la participación del sector bancario en el mal uso de los capitales de los depositantes y una mala gestión de los recursos públicos. Además de la crisis económica, los libaneses deben navegar los estragos económicos derivados de la pandemia y la explosión del puerto de Beirut en 2020. Pese a la gravedad de la situación, el gobierno no ha hecho cambios estructurales para mitigar los efectos de la crisis económica y política. La corrupción y negligencia gubernamental amenazan con resucitar las protestas y el desorden público, mientras la población más vulnerable lucha todos los días por sobrevivir en un país donde la alimentación se ha convertido en un desafío diario.


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