DECLIVE EN SUDÁN


Foto: Mohamed Nureldin (Reuters)

Sudán, ubicado en el noreste de África, es un país sumido en tensiones políticas con un largo precedente de ocupación, violencia y golpes de Estado. La ruptura de los partidos políticos y su incapacidad para construir consenso ha allanado el camino para que el ejército intervenga con la excusa de restaurar el orden. Las consecuencias de un golpe de Estado suelen ser trágicas, ya que se rompe la estructura al tomar el poder político de modo repentino, generalmente de manera violenta que tergiversa la legitimidad de las instituciones de un Estado. Los conflictos tribales, la crisis económica y la inestabilidad política se han visto agravados a raíz del último un golpe de Estado en 2021 en donde el general Abdel Fattah al Burhan disolvió el gobierno civil e interrumpió un proceso de transición democrática iniciado en 2019.


Desde la llegada al poder de manera ilegítima de Abdel Fattah, las protestas no se hicieron esperar. Un año después, los sudaneses que anhelan una transición democrática continúan protestando para exigir la retirada de la presencia militar en el proceso de transición política. Los manifestantes demandan transferir el poder completo a los civiles, así como una supervisión y restructuración militar. Asimismo, se exige una investigación por las violaciones de derechos humanos cometidos por la junta militar desde instauración en el poder. Actualmente, manifestantes y activistas rechazan cualquier acuerdo en el que se deba compartir el poder entre el gobierno civil y los militares en Sudan, lo que ha aumentado la presencia en la calle de miles de manifestantes que exigen un gobierno civil pleno. Sin embargo, los líderes militares se oponen tajantemente a estas demandas y rechazan una restructuración militar.


Como es de esperarse, los líderes militares tienden a normalizar el uso de la violencia y suelen carecer de conocimiento económicos básicos, así como de preparación política lo cual entorpece el ejercicio de poder. Las acciones de los militares han echado en saco roto todos los esfuerzos para alcanzar una transición política pacífica con miras a elecciones en 2023. En lo que va del 2022, más de 100 personas han muerto y cientos de manifestantes han sido detenidos arbitrariamente debido al los enfrentamientos entre civiles y militares. Pese a la represión brutal de un régimen que intenta silenciar las voces de sus ciudadanos a través del uso excesivo de la fuerza, tortura y paralización de las comunicaciones, la población continúa adoptando estrategias de desobediencia civil para combatir las imposiciones del gobierno y luchar para recuperar la democracia.


La Unión Africana, Naciones Unidas, la Unión Europea, así como la Liga Árabe han expresado su profunda preocupación por el golpe y exigen la inmediata liberación de todos los líderes políticos arrestados. A pesar de las negociaciones alcanzadas, las tensiones entre la población civil y los militares han aumentado enormemente vulnerando los derechos humanos de la población, sobre todo los relacionados con la libertad de expresión. Una vez que el gobierno civil tenga el control de la formulación de políticas y las instituciones estatales puedan volver a funcionar de manera independiente, Sudán podrá emprender un proceso hacia una mayor estabilidad política. De lo contrario, será complicado concretar un verdadero acuerdo de paz.

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