¿CUÁNTO NOS CUESTA LA CORRUPCIÓN?

El virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha mencionado en reiteradas ocasiones que uno de sus objetivos primordiales es acabar con la corrupción. Esta es una meta difícil ya que México tiene los índices de corrupción más altos y según el Barómetro Global de la Corrupción 2017, es el país más corrupto de América Latina. La corrupción ha alcanzado el nivel de normal social y, por ende, usar el cargo público para beneficiarse a sí mismo, a los familiares o a los amigos se ha vuelto un comportamiento generalizado, esperado y tolerado. A pesar de ser una práctica socialmente aceptada, la mayoría de los mexicanos ignoran las consecuencias políticas, económicas y sociales de estos actos.

En este sentido, uno de los mayores errores es creer que la corrupción es cultural. Como argumenta la Dra. Dresser, esta forma de justificar la corrupción es dañina para todos pues sugiere que México es un país corrupto por tradición, por historia, por usos y costumbres. Si todos los mexicanos son corruptos por naturaleza, entonces el problema no tiene remedio ya que no hay responsables identificables ni remedios institucionales. Sin embargo, en realidad, la raíz de la corrupción en México es institucional. La corrupción surge debido a una clase política que no quiere perder sus privilegios y la impunidad garantizada. Lamentablemente, la corrupción se ha extendido debido a que tanto funcionarios públicos como empresarios han encontrado en ella y la impunidad un modo de vida que resulta rentable.

Entre los efectos más dañinos de la corrupción en México están los de carácter económico. Hay estimaciones que ubican el costo de la corrupción como porcentaje del PIB entre el 0.4% y el 10%.  Por otra parte, la tendencia de las empresas mexicanas a cometer actos corruptos va más allá de las fronteras y del contexto de corrupción de la burocracia del país. La corrupción es un obstáculo a la productividad, a la competitividad, a la inversión y por lo tanto al crecimiento. Esto puede convertirse en un factor decisivo al momento de intentar atraer inversión extranjera debido a que la corrupción es uno de los principales factores que inhibe un buen entorno de negocios.

Otro de los costos de la corrupción es la creciente desconfianza en las instituciones que ha generado una crisis de representación y descontento con la democracia. La gran mayoría de los mexicanos cree que los integrantes de las instituciones encargadas de prevenir, castigar y corregir los actos de corrupción son los más corruptos. Como consecuencia, se vuelven escépticos del aparato de justicia nacional al que ven como una red al servicio de la corrupción  y el clientelismo. Además, se torna más complicada la gobernabilidad pues resta legitimidad a las decisión es de gobierno. En este contexto, los sobornos son una de las modalidades de la corrupción más comunes y que más daño causan al tejido social porque enseña que operar al margen de la ley es la vía para progresar.

Es claro que el próximo gobierno enfrenta grandes retos ya que no se trata de lo que la sociedad permite, sino de lo que la autoridad no sanciona. Los de abajo son corruptos y toleran la corrupción porque los de arriba han creado leyes para permitirla. El próximo gobierno debe tener en cuenta que un primer paso para combatir la corrupción es la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción con un Fiscal General Autónomo, un Comité de Participación Ciudadana independiente y un presupuesto suficiente. Lamentablemente López Obrador no está de acuerdo con tener una Fiscalía Autónoma y eso resta valor a su discurso de querer acabar con este problema. Lo que México necesita es una renovación institucional desde la raíz con investigaciones y castigos reales.

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Alessia Ramponi © 2020